Fundamentación

En México, la seguridad alimentaria comenzó a situarse en la agenda nacional a partir de la década de 1980. El tema sería retomado en los últimos años a consecuencia de la crisis por la que atraviesa el campo mexicano tras la apertura comercial del país, lo que aumentó la vulnerabilidad alimentaria externa, pues se realizó de manera desventajosa para la agricultura mexicana.
A la grave crisis agrícola y alimentaria se suma la disminución de la mano de obra en el campo, dado que grandes cantidades de campesinos emigran a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida. A esto se suma el incremento de la dependencia de la importación de alimento, lo que coloca a México en situación de vulnerabilidad alimentaria.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2008 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de los más de 100 millones de mexicanos, 44.7 millones vivían en condiciones de pobreza de patrimonio, y 14.4 millones de mexicanos se encuentran en situación de pobreza alimentaria, de los cuales, 5.0 millones se ubicaban en zonas urbanas y 9.4 millones en rurales. Ello indica que dos de cada tres personas en situación de pobreza alimentaria se ubican en las zonas rurales.
Según los datos mostrados en el Informe Ejecutivo de Pobreza México 2008, en 2005 la entidad con mayor incidencia de pobreza alimentaria es el estado de Tabasco con 34.5% de su población. Le siguen los estados de Guerrero con 33.8%, Oaxaca con 28.8.1%, Chiapas, con un 26.3% y Veracruz con 25.4%.
Por el contrario, los estados con menor incidencia de pobreza alimentaria son Baja California con 14.3% por ciento, Nuevo León con 10.6%, Baja California Sur con 14.8%, Distrito Federal con 15.4% y los estados de Coahuila y Chihuahua con 16.9% y 17.4 % respectivamente.

Teniendo como marco los datos generales citados, en mayo de 2011 la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) presentó ante las instituciones de educación superior que conforman la Red de Educación a Distancia del Sur- Sureste (READSS) de la Asociación Nacional de Universidad e Instituciones de Educación Superior (Anuies), la propuesta de generar un programa educativo trabajado de manera interinstitucional que formara profesionales para la atención de la problemática de seguridad alimentaria existente en México.
A esta propuesta realizada se sumaron la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), Universidad Autónoma de Chapingo (UACH), Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP); y en la parte de asesoría externa en la fase de diseño curricular se invitó a personal de la Unidad Técnica Nacional del Proyecto Especial de Seguridad Alimentaria de la FAO.
En julio de ese mismo año, la Unach sometió a consideración del Consejo Directivo del Espacio Común de Educación Superior a Distancia (Ecoesad), la propuesta de creación de la Licenciatura en Seguridad Alimentaria, esto con la finalidad de poder ser incluida dentro de los proyectos interinstitucionales que desarrolla este consorcio y poder ser ofertada a nivel nacional a través de la red de universidades que la integran.
En septiembre de 2011 se iniciaron los trabajos de diseño curricular del programa educativo, teniendo una duración este proceso de 14 meses y en el cual se desarrollaron un total de cuatro reuniones presenciales, en las cuales se discutieron y analizaron los temas que han de orientar la propuesta educativa que aquí se presenta.

A partir de lo señalado anteriormente, las políticas alimentarias debieran buscar lograr la seguridad alimentaria y nutricional y la soberanía alimentaria. Ello implica buscar que todas las personas tengan, en todo momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias y llevar una vida activa y sana; así como “la libre determinación del país en materia de producción, abasto y acceso de alimentos a toda la población, basada fundamentalmente en la producción nacional” (Ley de Desarrollo Rural Sustentable, Artículo 3, fracción XXXIII).
Una “complementar y corregir macroeconómicas dependencia de las políticas fiscal, monetaria y crediticia, salarial y de comercio exterior. Son estas políticas las que en última instancia determinan los precios relativos de los alimentos, influyen en los términos de intercambio rural-urbano e inciden finalmente en el poder de compra de los consumidores. Las reformas turales y las políticas de apertura han ido reduciendo la capacidad de la estruc política pública de incidir en los patrones de oferta alimentaria pues buena parte del diferenciados, las franquicias, los poderes de compra de las empresas estatales, y las fijaciones de precios a productos básicos, prácticamente han desaparecido y las políticas sectoriales han quedado subordinadas al logro de los equilibrios macroeconómicos” (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2004:17).
Desde esta perspectiva, en este capítulo se hace un recuento histórico de las principales políticas y acciones impulsadas en México para intentar resolver la problemática alimentaria, es decir, la pobreza, el hambre, la desnutrición y la malnutrición, durante el siglo XX y hasta la fecha.